Mata Redonda y La Punta: ejecutar la sentencia del Supremo. Por William Querales

Buscarle las cinco patas al gato, es sinónimo de intransigencia, es ser ilógico, es contra natura. Es no tener dominio del sentido común. No es civilizado. Ejercer con alto valor ético y honorable la acción política es lo civilizado. Lo más importante es atender a la gente. Hay que buscar el mayor sentido de felicidad posible para la gente. Esto es herencia conceptual de Simón Bolívar. Ese es un propósito muy bolivariano, muy loable. Un gobierno responsable es el que oye al pueblo. Esta grave situación urbana de acentuada crisis que vive el sur de Maracay, es un asunto de estado: un asunto de prioridad social. Esta terrible situación ciudadana no soporta una discusión bizantina sin sentido, sin trascendencia y sin objetivo. El tiempo de las adversidades y de las angustias comunales en Mata Redonda, La Esmeralda, La Punta, Casanova Godoy, Rómulo Gallegos y Palma Real, pero sigue siendo del presente. Eso me compromete, como siempre. En todo el sur de Maracay, el tiempo ha sido el mejor juez. Varios vecinos y amigos muy allegados, me escucharon y oyeron con estoica paciencia, mis argumentos, mi visión del problema, hoy. Hay que pagar y punto. Reconocer los derechos ciudadanos. Como lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. De una sentencia, podemos escribir libros, foros y conferencias. Pero una sentencia judicial, es para acatarla y ejecutarla. Es Leit Motiv de toda administración de justicia es darle la razón a quien la tiene. Es la verdad procesal. Este es un problema urbano, que data, desde los años 70 del siglo anterior. Cuando Acción Democrática y Copei pactaron un acuerdo miserable, ilegal y desastroso en el antiguo Concejo Municipal de Girardot, contra las miles de familias futuras compradoras de una propiedad patrimonial, pacífica y de buena fe. Existe toda una situación, ya decidida por el más alto tribunal de la República: el Tribunal Supremo de Justicia. Todos los diagnósticos, los argumentos y las protestas, se transformaron en una importante decisión jurídica. Lo sabe el doctor Hicher, el Ministro del Ambiente, conocedor de esta situación, porque la he conversado itinerantemente, cuando ha ido a rendir cuentas en la AN. Con él, he conversado, en favor de los vecinos del sur en la Asamblea Nacional. Esta decisión del TSJ es para acatarla, no es para discutirla. En esta lamentable situación, ya no hay espacio ni escenario para deliberar sobre esta tragedia humana y ecológica que padecen los vecinos y las familias del sur de Maracay, provocada, de antemano, por los desgobiernos que deshonestamente decidieron cambios irregulares de zonificación urbanística, a sabiendas que estos urbanismos privados, a la postre serían una “bomba de tiempo” para los próximos gobiernos. Los ciudadanos, con mucha razón moral han reclamado y protestado. Eso es moralmente correcto. Los asiste una inquebrantable voluntad ética y moral. Cada día que transcurre el problema se agudiza y se agrava, profundizando la anarquía y la angustia. Llueve y las familias de Mata Redonda, La Punta, La Esmeralda y muchas otras comunidades del sur, Casanova Godoy, Palma Real, Río Blanco, etc. Pierden todo. Las familias viven en una total zozobra. 

Viviendas soportadas sobre terrenos inestables. Desde el punto de vista geológico, esto se llama, licuefacción. Un colapso de los segmentos y capas endógenas, interiores de la tierra, producto la excesiva humedad. Hay colapso de las cloacas, vialidad irregular, con hundimientos, con unos drenajes sin fluidez. Servicios ciudadanos mediocres, como lo es el agua potable que consumen los ciudadanos, en especial, niños, niñas, y adultos mayores. El aseo domiciliario es inconstante, epiléptico. El alumbrado público precario, inseguridad creciente. Etc. Hace muchos años, décadas atrás, salió un informe muy profesional y muy técnico del geógrafo francés Alfred Zinc, alertaba sobre el asunto de las tierras de vocación agrícola, en la cuenca del lago de Los Tacarigua, prohibiendo cualquier urbanismo en su alrededor. Nadie le hizo caso. Más pudo la corrupción. Pero a las familias, que son las afectadas, hay que atenderlas y lo más pronto posible, es un deber y una obligación constitucional. Desde hace tiempo se viene evaluando la sentencia del Alto Tribunal. Por qué podía haber un recurso de revisión; esa respuesta fue aceptable. En su tiempo. Es un recurso legal de estado de derecho. No lo compartí, ni lo comparto ese criterio, pero es legalmente aceptable, por los cálculos y los costos de las viviendas. Pero ya ese tiempo pasó. Como dijo Bolívar cuando convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. “El presente ya pasó” Ese recurso de revisión, sí se dio, tuvo su lapso, su tiempo y su espacio disponible. El recurso, no es para siempre. Caduca en el tiempo. Los lapsos jurídicos caducan, y si la administración no los atiende y no se ejercen diligentemente en el tiempo debido, de acuerdo a lo Contencioso Administrativo, eso acarrea serias sanciones. Hace sólo algunos años, tres o cuatro años, los vecinos de La Esmeralda se volcaron hacia las asambleas permanentes, semanales. Una política correcta. Esa es una excelente vía para lograr la atención debida. Yo participé en algunas asambleas, gozaba de buena salud, y fui junto al diputado Carlos Escarrá, a deliberar con la comunidad de La Esmeralda. Reitero, en aras del respeto democrático e institucional, hay que reconocer y acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Los vecinos están mermados en sus condiciones y en calidad de vida. No hay otra solución práctica. Es la democracia. Es la regla clara que impone el juego de la justicia. La justicia es el socialismo.