El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela declaró con lugar el amparo constitucional interpuesto en el año 1999 contra el Ministerio del Ambiente por la omisión de planes de control del lago de Valencia y ordenó el desalojo inmediato de más de mil familias que se hallan en situación de riesgo, al sur de Maracay en las urbanizaciones Mata Redonda y La Punta.
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